Un proyecto de ley fue depositado este martes en el Senado de la República para debitar dos dólares de los 10 que se cobran a través de la tarjeta de turista a los visitantes que entran cada año al país por los aeropuertos, para entregarlos a los gobiernos locales donde están ubicadas las terminales aéreas.
Según publica Diario Libre, la pequeña ley de dos páginas y seis artículos fue introducida por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), y busca impulsar la obtención de recursos para las alcaldías y distrito municipales, según señala el artículo 4.
En La Altagracia es que está el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el que más recibe vacacionistas con casi 5 millones cada año.
Este define los cuatros puntos en que se usarán los fondos:
- El desarrollo y promoción de zonas turísticas.
- En el mejoramiento de infraestructuras públicas.
- En la preservación de espacios públicos y monumentos patrimoniales.
- En el fomento y cuidado de expresiones culturales y desarrollo social.
El artículo 5 indica que el dinero será distribuido equitativamente por el Ministerio de Hacienda tomando en cuenta el número de habitaciones de cada demarcación con los datos del último censo de población y vivienda.
La tarjeta de turista es un impuesto que cobra la República Dominicana a los visitantes extranjeros que entran para fines recreativos sin visa consular, según la Ley 199 de 1996.
El senador Barón Duluc se quejó de que la municipalidad dominicana es la que menos recursos recibe en comparación con América Latina. Específicamente, citó que una demarcación de 15,000 personas en Chile recibe más recursos que el municipio de Higüey.
Aeropuerto de Gregorio LuperónSegún el Censo Nacional de Población y Viviendas, ese municipio tenía 168,501 habitantes para cuando se hizo la medición en 2022.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, envió la pieza a la Comisión de Desarrollo Municipal y Organizaciones no Gubernamentales, a fin de estudiar la pieza y rendir un informe favorable antes de aprobarse dos veces en el Senado y la Cámara de Diputados y luego ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
