La Corporación Aeroportuaria del Este (CAE), propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que a la vez, pertenece al Grupo Puntacana, ha mostrado discrepancias con el Gobierno luego de que este aprobara el Aeropuerto Internacional de Bávaro.
La CAE se quejó, esta vez, porque la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) le dio un plazo de cinco días para les suministraran los estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios fiscales.
En un comunicado de prensa, la CAE explicó que este requerimiento es normal, excepto por la coincidencia con los reclamos de investigación ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sobre irregularidades respecto a la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).
La “CAE no tiene deuda alguna por concepto de impuestos y puede asegurar que figura en el listado selecto de los principales contribuyentes del país», indica el comunicado.
La nota informativa agrega: «Nos honra cumplir cabalmente con nuestras obligaciones fiscales en la confianza de que así cooperamos con el desarrollo dominicano”.
Agregan que en claro interés de sembrar dudas, la Comisión Aeroportuaria (CA), la misma que se arrogó facultades que escapan a su competencia para otorgar un “no objeción” al AIB, que ocultó documentación y aceptó como válido un informe elaborado por un técnico que fue empleado de los promotores del aeropuerto, se destapa con el cobro compulsivo de una alegada acreencia del CAE sobre la base de un decreto ¡derogado en el 2008.
Notificación a la CAE.
De acuerdo con la notificación recibida el pasado día 10 de agosto, la CA demanda el pago de más de US$38MM que alega adeuda la CA al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac), usando como base de cálculo montos contenidos en el Decreto 203-03, el cual fue derogado mediante el Decreto 655-08 que unificó tanto las tasas aeronáuticas como las tasas aeroportuarias, detalla la nota.
Los representantes legales de la CAE incoarán un recurso de reconsideración contra la resolución No. 6807 de fecha 4 de agosto, referente a la supuesta deuda.
Lejos de rehuir la competencia legítima, planteada ya por siete aeropuertos internacionales y uno a 32 millas náuticas en La Romana, la preocupación de la CAE es institucional. No hay un conflicto empresarial sino otro, ciertamente, y que las represalias confirman, entre una decisión del Poder Ejecutivo para complacer a un grupo empresarial y el Estado de derecho.
