Santo Domingo, RD – Con el objetivo de garantizar un desarrollo turístico sostenible en uno de los principales destinos del Caribe, el Senado de la República ha solicitado al Poder Ejecutivo declarar de interés nacional y alta prioridad la ejecución del Plan Nacional “Punta Cana Sostenible 2030”, una iniciativa orientada a promover el ordenamiento territorial, la protección ambiental y el desarrollo integral del polo turístico Punta Cana–Bávaro.
Según Rafael Barón Duluc, senador de La Altagracia y autor de la pieza, el plan busca establecer un marco integral que permita alinear los esfuerzos públicos y privados para asegurar un crecimiento armónico, respetuoso del medio ambiente y que atienda las necesidades de las comunidades locales.
Punta Cana ha experimentado un crecimiento vertiginoso en las últimas dos décadas, con la visita de casi cinco millones de turistas al año. Eso lo consolida como el principal destino turístico del Caribe.
Su desarrollo no solo se refleja en la expansión hotelera y el aumento sostenido de visitantes internacionales, sino también en la urbanización acelerada, la creación de nuevas infraestructuras y el fortalecimiento de una economía local impulsada por el turismo, la construcción y los servicios.
Llamado a un Pacto por la sostenibilidad de Punta Cana–Bávaro
El Senado también exhortó al Gobierno a convocar, en el menor plazo posible, un Pacto Interinstitucional e Intersectorial por la Sostenibilidad de Punta Cana-Bávaro, que agrupe a todos los actores relevantes: ministerios como Turismo, Medio Ambiente, Economía, Obras Públicas e INAPA, así como a autoridades locales, asociaciones hoteleras, inversionistas, organizaciones comunitarias y representantes de la sociedad civil.
Este pacto tendría como fin establecer mesas de trabajo temáticas (ordenamiento, infraestructura, seguridad, medio ambiente, etc.), fijar cronogramas de acción conjunta y crear un sistema de seguimiento eficiente que permita medir los avances reales del Plan Punta Cana Sostenible 2030.
Creación de un Consejo de Implementación público-privado
Como parte del diseño institucional del plan, se recomienda al Poder Ejecutivo la creación de un Consejo de Implementación de Punta Cana Sostenible 2030, de carácter público-privado y de alto nivel. Este órgano sería responsable de monitorear, supervisar y agilizar la ejecución de las iniciativas contempladas, así como de gestionar recursos, destrabar procesos burocráticos y presentar informes semestrales al Congreso Nacional y al Ejecutivo.
El Consejo estaría presidido por una figura designada por el Presidente de la República (como el Ministerio de la Presidencia o el MEPyD) e integrado por delegados del Gobierno central, gobiernos locales, el sector turístico y la sociedad civil.
Financiamiento para proyectos clave en Punta Cana
El Senado también solicitó al Poder Ejecutivo incluir en el Presupuesto General del Estado las partidas necesarias para financiar las acciones priorizadas dentro del Plan. Entre estas obras se destacan:
- Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y ampliación del alcantarillado sanitario
- Ampliación del sistema de agua potable
- Instalación de infraestructuras modernas para disposición final de residuos sólidos
- Reacondicionamiento de vías, drenajes y aceras
- Iluminación pública y seguridad en zonas vulnerables
- Desarrollo de infraestructura verde y servicios básicos para las comunidades del polo turístico
Estas asignaciones deben ser suficientes, claras y plurianuales si es necesario, con mecanismos de fiscalización tanto desde el Congreso como desde el Consejo de Implementación.
Un compromiso nacional por el turismo sostenible
El Senado dispuso, además, comunicar esta resolución al Presidente de la República y a todas las instituciones involucradas, para que se alineen en la ejecución efectiva del plan, considerado estratégico para los objetivos de desarrollo sostenible del país.
La implementación del Plan Punta Cana Sostenible 2030 busca no solo proteger el liderazgo turístico de la zona, sino también garantizar que su crecimiento no comprometa los recursos naturales, la calidad de vida de las comunidades ni la imagen internacional del destino.
