SANTO DOMINGO. Tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que anula el Aeropuerto Internacional de Bávaro, el presidente Luis Abinader anuló ha anulado el decreto 270-20 del exmandatario Danilo Medina y así se pone fin al proyecto que afectaría, según los datos, al Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El jefe de Estado emitió el decreto 2-24 para anular el de su antecesor. Esto representa un golpe mortal para el equipo de Abraham Hazoury, ejecutivo de Capa Cana, quien lideraba la construcción de la obra en Bávaro.
El Aeropuerto de Bávaro anteriormente fue declarado por el Instituto de Aviación Civil (IDAC) como “lesivo al interés nacional”. La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso que buscaba invalidar esa calificación.
“El Decreto núm. 270-20, de fecha 21 de julio de 2020, además de partir de una resolución de no objeción que ha sido anulada, incurre, según el criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia expresado en la Sentencia núm. SCJ-TS-23-1451, en un exceso de competencia, pues determina de manera directa cuál será la empresa beneficiaria de su construcción y operación, cuando, de conformidad con la ley, la atribución del Poder Ejecutivo se limita a impartir o no su aprobación respecto al establecimiento de un aeropuerto en un lugar determinado”, indica el decreto 2-24.
También: “Que la eficacia del Decreto núm. 270-20 está ligada intrínsecamente a una serie de trámites, permisos y procesos por ante distintos entes y órganos públicos, sin los cuales la ejecución del proyecto es jurídica y materialmente imposible. Ocurre así con la resolución de no objeción que, como ya se explicó, fue originalmente dada por un órgano incompetente y posteriormente anulada; con la comunicación que formaliza el inicio del proceso de construcción y fiscalización del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que fue declarada lesiva al interés público y anulada; y con licencia ambiental, que luego de ser emitida el 16 de julio de 2020, fue revocada mediante la Resolución núm. 0039/2022, del 12 de septiembre de 2022, dictada por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que decide sobre el recurso de reconsideración interpuesto el 21 de agosto de 2020 contra la licencia ambiental núm. 0385-20, emitida el 16 de julio del año 2020”.
La sentencia contra el Aeropuerto de Bávaro
«Conforme con el artículo 26 literal r) de la Ley núm. 491-06 de Aviación Civil, la facultad legal en la materia que tiene el titular del Poder Ejecutivo es la de impartir su aprobación o no a la decisión del IDAC de establecer un aeropuerto en un lugar determinado, por lo que excede su competencia, al determinar, en el decreto. 270-20, de fecha 21 de julio de 2020, de manera directa, quién será la empresa beneficiaria de su construcción y operación, así como autorizar la firma de un contrato con el Estado dominicano», se indica en el apartado 55 de la sentencia.
La decisión dictada por la Tercera Sala de la SCJ a unanimidad repasa a fondo las argumentaciones que aportó el IDAC durante este gobierno para la declaratoria de lesividad y pone en evidencia que todo el proceso de aprobación del AIB estuvo viciado.
«Los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, que sean solicitados por particulares en materia de infraestructuras, deben ser adjudicados por los procedimientos previstos en sus respectivas legislaciones sectoriales, y en casos, como acontece en el ámbito de la legislación sectorial aplicable en materia de infraestructuras aeroportuarias…el procedimiento de licitación establecido en la Ley núm. 340-06 del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, a fin de garantizar los principios constitucionales de transparencia, publicidad e igualdad», señaló la SCJ.
Vista donde se iba a construir el Aeropuerto de BávaroQué dice Frank Rainieri
El ejecutivo de Grupo Puntacana, Frank Rainieri, habló en los días siguientes a la SCJ emitir la sentencia. Este valoró el veredicto y explicó que este tipo de infraestructuras -que se rigen tanto en la tierra como en el aire- tienen que ser parte de un plan de ordenamiento nacional y cumplir con todas las regulaciones de lugar.
«La Suprema vio que todo el proceso estuvo viciado desde sus inicios y, gracias a Dios, la Suprema Corte y los jueces han demostrado su independencia, porque tuvieron mucha presión (…) para que fallaran en contra nuestra, y ellos tomaron una decisión unánime», manifestó a Diario Libre.
