SANTO DOMINGO. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) manifestó su firme oposición al proyecto de ley aprobado recientemente en la Cámara de Diputados que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), por considerar que carece de un análisis técnico profundo y de una evaluación del impacto económico y ambiental.
En un comunicado difundido este miércoles, el gremio alertó que la reforma tal como fue aprobada promueve prácticas monopólicas que afectan directamente la eficiencia en el manejo de los residuos, ponen en riesgo compromisos ambientales asumidos por el país, y fragmentan los esfuerzos de cooperación entre los sectores público y privado.
Asonahores señaló que el proyecto debilita la gobernanza ambiental al desconocer las operaciones de valorización de residuos que ya realizan complejos turísticos, lo que podría comprometer certificaciones internacionales de sostenibilidad.
También advirtió que las medidas podrían generar descoordinación institucional, impactando de forma negativa la competitividad turística nacional y comprometiendo el presupuesto del Estado sin un estudio previo de impacto económico.
Uno de los puntos que más preocupa al sector es el posible surgimiento de un monopolio en la gestión de residuos, ya que la reforma incluye limitaciones a la operación de múltiples gestores y restricciones para la creación de nuevas infraestructuras de valorización, lo que amenaza con frenar la innovación en la industria turística en cuanto al manejo sostenible de desechos.
Asonahores también criticó la falta de atención legislativa al fenómeno del sargazo, que afecta gravemente las costas del país y representa un desafío costoso para los hoteles y resorts.
El gremio lamentó que la nueva legislación no declare al sargazo como residuo sólido ni contemple mecanismos para su disposición final, lo que impide dar solución a uno de los principales problemas ambientales que enfrentan los destinos turísticos del Caribe.
Además, calificó de desproporcionadas las contribuciones especiales que impone el proyecto a las empresas para el manejo de residuos, al no basarse en la cantidad de desechos que generan. En el caso de las tasas determinadas por el tamaño de la empresa, criticaron que se calculen sobre los ingresos brutos, ya que esto genera distorsiones y afecta a empresas que sólo operan por comisión, como las agencias de viajes y tour operadores.
Finalmente, Asonahores hizo un llamado a los legisladores a establecer un proceso de diálogo técnico, plural y participativo para revisar la reforma, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades en la construcción de una legislación equilibrada que fomente el desarrollo sostenible, la libre competencia y la correcta gestión de los residuos sólidos en la República Dominicana.
En qué consisten los cambios a la ley de residuos sólidos
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura una serie de modificaciones a la Ley 225‑20, que regula la gestión integral de residuos sólidos en la República Dominicana. Entre los cambios más destacables figura la incorporación del artículo 154, que exige que los productos de foam sean biodegradables en al menos un 20 % durante el primer año y un 90 % en cinco años. Este proceso debe ser comprobado mediante estudios de laboratorio y auditorías anuales .
Además, la enmienda establece que tanto fabricantes como empresas importadoras de plásticos trabajadores deben contar con certificaciones que se verificarán a través de la Dirección General de Aduanas. Para la disposición de desechos, se limitará a un solo vertedero por provincia y una planta procesadora por cada 10 regiones (aproximadamente cada 70 km), salvo en la región Ozama, una de las más pobladas.
Otro aspecto de la reforma obliga a las cementeras a incorporar combustibles derivados de residuos sólidos nacionales en sus calderas, parte de un impulso hacia una economía más circular. También se redujeron las contribuciones empresariales respecto a la primera lectura, aunque se mantuvieron niveles que algunos sectores consideran elevados.
Las multas por incumplimiento serán de entre 100 y mil salarios mínimos públicos, aumentando hasta tres mil en casos de residuos peligrosos, además de aplicar trabajo comunitario
